Muchas gracias, señor Presidente de la mesa. Un gusto saludarlos y saludarlas. Soy relatora de movilidad y soy relatora para Uruguay. Así que, en partida doble, todo bien. Realmente celebro el tono de esta mesa, de esta audiencia. Es una audiencia de trabajo para intentar ayudar a resolver los problemas que ambas partes están advirtiendo que existen. No se están controvertido los hechos, la cuestión, el alcance normativo, sino pensemos juntos y juntas cómo resolverlo.

Como bien citaban en su reciente resolución 223 sobre derecho a la nacionalidad, prohibición de privación arbitraria de la nacionalidad y apatridia, la Comisión Interamericana destacó la obligación de los Estados de garantizar la nacionalidad, la nacionalidad por opción o naturalización a las personas extranjeras, incluyendo personas apátridas que hayan residido habitualmente por un período fijado por la ley interna del Estado y que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa. Y hemos escuchado, sin embargo, en esta audiencia que los llamados ciudadanos legales en Uruguay no logran acceder a esa nacionalidad y que ello redunda en diversos impactos al trasladarse al exterior y también algunos impactos viviendo dentro del territorio de Uruguay para el ejercicio de derechos y el riesgo de apatridia de muchas de estas personas.

Efectivamente, Uruguay es un país que se ha caracterizado por impulsar el reconocimiento internacional de los derechos humanos y la promoción de estándares específicos en materia de movilidad humana. Como por ejemplo, ha impulsado la Opinión Consultiva 21-14 sobre Derechos y garantías de niños y niñas. Es uno de los países pioneros y queremos que siga siendo país pionero en este tema. Y por eso, la pregunta que tengo es cómo podemos ayudar desde la Comisión Interamericana a destrabar estas cuestiones internas para garantizar que el Estado uruguayo asegure el pleno goce del derecho a la nacionalidad y el deber de evitar la apatridia para aquellos actualmente considerados ciudadanos legales.

No dejemos el tema en manos de los constitucionalistas. Las teorías constitucionalistas, las líneas, las dogmáticas constitucionalistas muchas veces colisionan con el derecho internacional de los Derechos Humanos. La interpretación del derecho internacional de los Derechos Humanos es categórica y no admite interpretaciones constitucionales regresivas. Entonces, la Comisión Interamericana está dispuesta a colaborar, a brindar cooperación técnica a las autoridades competentes. En primer lugar, para modificar cuanto antes el pasaporte. El aporte tiene que adecuarse a la normativa internacional. Uruguay tiene un caso emblemático del año 83 en esta Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana ratificó en ese informe del año 83 la importancia que tiene el pasaporte como documento para las personas. Las reformas administrativas en el campo de la nacionalidad dentro del pasaporte son urgentes. Y en segundo lugar, desde la Comisión Interamericana, ayudaremos, si nos lo piden, en esta reforma normativa. Parece necesario aclarar normativamente, teniendo en cuenta el rol que tiene el legislativo en Uruguay, aclarar lo que vale la pena aclarar para que quede claro cómo se adecúa Uruguay a los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Muchas gracias, Presidente.